La constante "guerra" entre los sindicatos de la Policía de La Laguna y el área local de Seguridad añade ahora una nueva arista que complica aún más unas difíciles relaciones. Las dos centrales mayoritarias, Stap-Canarias y Asipal-CSL, exigen el inmediato cese de la jefa de sección, Rosa del Carmen Hernández, a la que acusan de "vulnerar constantemente nuestros derechos, haciendo interpretaciones arbitrarias de los convenios y sin contar en absoluto con la representación sindical".
Estos sindicatos amenazan con asambleas, movilizaciones y protestas si no se produce la destitución "y se persiste en la alteración de los derechos y acuerdos sin fundamento". Para los agentes críticos, el área no sólo precisa más medios de forma urgente, sino de un "cambio profundo de gestores". Acusan a la jefa de ser una persona "antisindicalista obsesiva" y de estar "teledirigida" por el edil responsable. Según señalan, mantiene un "sospechoso hermetismo" y cierra siempre las puertas a sus reivindicaciones, aparte de "intentar desautorizar y someter a una obediencia improcedente al jefe y subjefe del Cuerpo, que también se han quejado de este trato".
Ambas centrales piden su traslado a un destino "menos dañino para nuestros derechos e intereses". Aseguran que sus "sesgadas interpretaciones van en contra de lo que reconoce la sección de Personal y Recursos Humanos, por lo que hemos planteado continuas reclamaciones y contenciosos judiciales". También le reprochan su "precario asesoramiento al político, que es igual de responsable y cómplice por no mediar o atajar esto".
Uno de los reproches más directos se refieren a que el edil y la jefa "nieguen vacaciones, quiten permisos, licencias, reducciones de jornadas y otras muchas barbaridades para convertir a los funcionarios de la Policía en víctimas de sus propósitos y hacer más números donde las matemáticas no dan para más por las carencias de Personal que sufrimos". Además, recuerdan que esta "técnico ocupa una plaza que no le corresponde, pues la había obtenido otra técnico por mayores méritos. Sin embargo, y por presiones e intereses corporativos, acabó siendo para ella". Los sindicatos critican que, lejos de solucionar los "muchos" problemas de la Policía y las peticiones vecinales, "fiscalice constantemente los convenios con un celo desproporcionado". Además, le achacan haber remodelado su despacho (mobiliario, decoración y medios) "a todo lujo mientras mantiene una precariedad alarmante en el resto de dependencias policiales, donde se ha restringido o prohibido aportar papel folio común para las gestiones".
El edil aludido, Antonio Pérez Godiño, tilda estas manifestaciones de "mezquinas, irresponsables, falsas e irrespetuosas con una compañera funcionaria". Niega con rotundidad lo del despacho y concluye que los policías se equivocaron en las últimas elecciones sindicales al optar por personas "con tan poca categoría". Godiño vuelve a pedir a las centrales que se planteen la imagen que están dando del Cuerpo, "pues se está destruyendo lo que se ha hecho por mejorar sus medios", confirma a la jefa en su cargo y advierte de que "si esta es la dinámica sindical, asumo el reto, aunque espero que no afecte a la seguridad".
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