La oposición llevará a Anticorrupción los 2,7 millones con informes negativos

Matos acusa al gobierno local de "hacer trampas" para saltarse la ley y beneficiar a "ciertas y pocas empresas que no están sufriendo la crisis" con contratos que no han pasado por concurso. CC le reprocha su inexperiencia en la gestión, amaga con denunciarle y subraya que los cambios presupuestarios son legales.
Las dos horas del pleno extraordinario de ayer en el Ayuntamiento lagunero se pueden resumir en una idea fuerza: los dos principales partidos (CC y PSC) "han pasado las líneas rojas" para el adversario, según se reprocharon. La oposición socialista anunció que llevará a la Fiscalía Anticorrupción los 2,7 millones de euros aprobados ayer por el gobierno y la edil del PP Soledad Olano mediante tres modificaciones presupuestarias y 23 reconocimientos extrajudiciales de crédito. El equipo gobernante considera que el PSC también se excedió en sus acusaciones y subrayó que estos recursos son totalmente legales y no sólo buscan zanjar deudas con empresas locales en esta etapa de crisis, sino mejorar las perspectivas económicas futuras del consistorio.

El líder socialista, Gustavo Matos, insistió en sus argumentos esgrimidos a EL DÍA el pasado lunes y aseguró, durante el debate sobre las tres modificaciones, que CC "falsea" el presupuesto inicialmente aprobado. Sin embargo, en el intercambio sobre los gastos extrajudiciales fue mucho más allá y, de forma reiterada, acusó a CC de "malversar" fondos públicos y cometer "prevaricación" con su votación de ayer, para lo que, previamente, recurrió al Diccionario de la Real Academia para matizar lo que significan esos términos. A su juicio, CC sólo "beneficia a ciertas y pocas empresas locales que no están sufriendo precisamente la crisis" y que perjudican al resto por disfrutar de contratos que no han pasado por los procedimientos de libre concurrencia y publicidad.

El edil de Hacienda, Juan Antonio Alonso, reiteró su argumento de que dichos mecanismos son "legales", aunque Matos le aclaró que, en realidad, responden a sentencias judiciales y no constan en la normativa. No obstante, Alonso defendió la decisión de CC, recalcó la importancia que este paso tiene para las empresas y le reprochó a Matos sus afirmaciones, insinuando que su grupo podría tomar medidas judiciales contra él.

Matos, lejos de amilanarse, invitó a CC a que le denunciara o se querellara contra sus afirmaciones, aunque tiene claro que no lo harán "porque saben que digo la verdad y que me fundamento en los informes de los técnicos".

Esos informes también fueron aludidos por Alonso y hasta por el portavoz de CC, Antonio Pérez Godiño, para apuntalar sus argumentos, pero no convencieron al PSC, que votó en contra del levantamiento de los reparos de Intervención en diversos puntos y de las distintas partidas aprobadas.

Rafael Becerra, portavoz del PP, también rechazó el levantamiento de los reparos, pero optó por abstenerse en la votación de los pagos para dejar claro que las empresas tienen derecho a cobrar por servicios prestados y reconocidos desde 2001.

Al final, el PSC pidió que la votación fuera nominal ante su denuncia en Anticorrupción, pero CC lo rechazó, lo que Matos cree muy elocuente. El alcalde, Fernando Clavijo, pidió al PSC que aclarase si sus acusaciones eran jurídicas o lingüísticas. Clavijo entendió luego que Matos hablaba sólo de trampas, pero el líder socialista remató ratificándose en todo.